{"id":1317,"date":"2017-11-03T01:09:54","date_gmt":"2017-11-03T01:09:54","guid":{"rendered":"http:\/\/chile.dicionario.leyderecho.org\/?p=1317"},"modified":"2017-11-03T01:09:54","modified_gmt":"2017-11-03T01:09:54","slug":"constitucion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chile.leyderecho.org\/constitucion\/","title":{"rendered":"Constituci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_65 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title \" >Tabla de contenidos<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/chile.leyderecho.org\/constitucion\/#Constitucion_en_Chile\" title=\"Constituci\u00f3n en Chile\">Constituci\u00f3n en Chile<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/chile.leyderecho.org\/constitucion\/#La_Constitucion_como_fuente_del_derecho\" title=\"La Constituci\u00f3n como fuente del derecho\">La Constituci\u00f3n como fuente del derecho<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/chile.leyderecho.org\/constitucion\/#Eficacia_directa_de_la_Constitucion\" title=\"Eficacia directa de la Constituci\u00f3n\">Eficacia directa de la Constituci\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/chile.leyderecho.org\/constitucion\/#Derogacion_e_inconstitucionalidad_sobreviniente\" title=\"Derogaci\u00f3n e inconstitucionalidad sobreviniente\">Derogaci\u00f3n e inconstitucionalidad sobreviniente<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/chile.leyderecho.org\/constitucion\/#El_principio_de_interpretacion_conforme_a_la_Constitucion\" title=\"El principio de interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n\">El principio de interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h1><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Constitucion_en_Chile\"><\/span>Constituci\u00f3n en Chile<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p> <!-- No shortcodes are defined --> [aioseo_breadcrumbs] <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_Constitucion_como_fuente_del_derecho\"><\/span>La Constituci\u00f3n como fuente del derecho<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Eficacia_directa_de_la_Constitucion\"><\/span>Eficacia directa de la Constituci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La Constituci\u00f3n es una norma jur\u00eddica y, por tanto, es vinculante y obligatoria respecto de sus destinatarios. Ahora bien, el problema del car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n es tratar de establecer si \u00e9sta obliga a toda persona, instituci\u00f3n o grupo social, de manera que debe ser aplicada judicialmente (eficacia directa); o vincula s\u00f3lo al legislador, el cual tiene el deber de desarrollar los preceptos previstos en la Carta fundamental, dentro del margen que ella establece, a fin de que pueda ser aplicado por los dem\u00e1s \u00f3rganos del Estado (eficacia indirecta). Es claro que la Constituci\u00f3n nos indica cu\u00e1les son las fuentes primarias del derecho, pero \u00bfes tambi\u00e9n la Constituci\u00f3n una fuente del derecho?40<\/p>\n<p>En ambos casos estamos en presencia de una Constituci\u00f3n normativa, aunque la diferencia en cuanto a sus efectos es radical, especialmente en la forma que adopta la aplicaci\u00f3n de los preceptos constitucionales y la adecuaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico a los mismos. En el primer caso, los jueces al adoptar sus decisiones deben aplicar los preceptos constitucionales directamente; pueden determinar la constitucionalidad o no de un precepto legal, implic\u00e1ndolo para el caso particular, as\u00ed como limitar su sentido y alcance para que guarden una mayor conformidad con el orden constitucional. M\u00e1s a\u00fan, los derechos y libertades reconocidos a las personas gozan de una eficacia inmediata y no est\u00e1n sujetos a su desarrollo legislativo. A su vez, el juez debe aplicar la Constituci\u00f3n aun cuando el legislador o el \u00f3rgano encargado del control de constitucionalidad no haya actuado o lo haya hecho de forma deficiente.<\/p>\n<p>En el segundo supuesto, la vigencia y operatividad de la Constituci\u00f3n estar\u00e1 mediada por la labor que realice el legislador, al cual corresponde dar forma y contenido a sus diversos preceptos. En este caso, la Constituci\u00f3n tendr\u00e1 como instrumento de aplicaci\u00f3n al legislador, el cual determinar\u00e1 la forma c\u00f3mo deber\u00e1n actuar los \u00f3rganos del Estado para asegurar su cumplimiento. Pero tambi\u00e9n, junto al legislador, debe existir un \u00f3rgano que vele por el respeto de los cauces establecidos en la Carta fundamental, es decir, por el control de constitucionalidad. De esta forma, el legislador y el \u00f3rgano de control de constitucionalidad son los responsables de la aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n a los dem\u00e1s \u00f3rganos del Estado y los particulares.<\/p>\n<p>La opci\u00f3n por uno y otro modelo est\u00e1 estrechamente unida a la forma de comprender o conceptualizar a la Constituci\u00f3n. Si se entiende que la Carta fundamental tiene por objeto regular la creaci\u00f3n de nuevas normas jur\u00eddicas, necesariamente sus preceptos s\u00f3lo ser\u00e1n vinculantes para el legislador, el cual deber\u00e1 desarrollarlos y as\u00ed velar por la aplicaci\u00f3n y operatividad de la norma fundamental. Por el contrario, si entendemos que la Constituci\u00f3n es una norma jur\u00eddica de mayor jerarqu\u00eda, esta debe ser aplicada directamente por los jueces a los casos particulares, reconociendo derechos y libertades a las personas que pueden ser alegados y bases de pronunciamiento por parte de la jurisdicci\u00f3n ordinaria.<\/p>\n<p>Nuestra Constituci\u00f3n opt\u00f3 claramente por el modelo de la eficacia directa. Tal conclusi\u00f3n se deriva de lo dispuesto en el art. 6o al disponer que:\u00bbLos \u00f3rganos del Estado deben someter su acci\u00f3n a \u00a1a Constituci\u00f3n y a \u00a1as normas dictadas conforme a e\u00fca, y garantizar el orden institucional de la Rep\u00fablica. Los preceptos de esta Constituci\u00f3n obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos \u00f3rganos como a toda persona, instituci\u00f3n o grupo\u00bb.<\/p>\n<p>En tal sentido, nuestra Carta fundamental no s\u00f3lo es la norma que regula de forma para producir nuevas normas jur\u00eddicas, sino que integra aquel derecho que tiene la capacidad de incidir en las relaciones jur\u00eddicas concretas sobre las cuales deber\u00e1n pronunciarse los jueces de la instancia. La Constituci\u00f3n es fuente del derecho y son destinatarios de sus preceptos toda persona o sujeto de derecho, sea p\u00fablico o privado. Como se\u00f1ala el citado art. 6\u00b0, la Carta fundamental es obligatoria para todos los \u00f3rganos del Estado, los titulares o integrantes de dichos \u00f3rganos, como toda persona, instituci\u00f3n o grupo.<\/p>\n<p>No cabe duda que en esta labor todo operador jur\u00eddico, especialmente los jueces, tendr\u00e1n como premisa de sus decisiones lo dispuesto en la norma fundamental. A su vez, al momento de interpretar las normas que integran el ordenamiento jur\u00eddico deber\u00e1n darle el sentido y alcance que m\u00e1s conforme parezca con la Carta fundamental. Sin embargo, al momento de juzgar la constitucionalidad de alguna norma, no podr\u00e1 sin m\u00e1s declarar su disconformidad con la Constituci\u00f3n e inaplicada, pues al efecto se han establecido algunas reglas especiales que obligan a matizar sobre el punto. En primer t\u00e9rmino, una norma que sea contraria a la Constituci\u00f3n debe salir del ordenamiento jur\u00eddico. La forma en que se produce esta salida puede variar, considerando el momento de vigencia de la norma en relaci\u00f3n con la Carta fundamental, lo cual puede determinar su derogaci\u00f3n o nulidad. As\u00ed, si la norma es previa y ha devenido en inconstitucional, es claro que la soluci\u00f3n ser\u00e1 la derogaci\u00f3n de la misma, cuya declaraci\u00f3n corresponde a todo \u00f3rgano llamado aplicar el derecho, como son los jueces de la instancia, en la medida que constatan una consecuencia jur\u00eddica que ya se ha producido. En cambio, si la norma es postconstitucional esta posibilidad se ve fuertemente restringida, en la medida que la competencia al efecto queda radicada en el Tribunal Constitucional, tanto para constatar la derogaci\u00f3n como para inaplicar la norma legal o anularla, en su caso. A su vez, el juez de la instancia puede plantear sus reparos al respecto, pero deber\u00e1 colocar los antecedentes ante el Tribunal Constitucional a fin de que se dirima sobre la aplicaci\u00f3n o no del precepto legal.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Derogacion_e_inconstitucionalidad_sobreviniente\"><\/span>Derogaci\u00f3n e inconstitucionalidad sobreviniente<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La unidad no s\u00f3lo se traduce en garantizar la validez de las normas que integran el ordenamiento jur\u00eddico, as\u00ed como la interpretaci\u00f3n de las mismas conforme a la Carta fundamental. Desde una perspectiva negativa, la existencia de normas que sean contrarias a la Constituci\u00f3n, ya sea en su contenido o forma, son inconstitucionales y deben quedar fuera del sistema.<\/p>\n<p>Como bien se puede apreciar, este efecto es propio de la mayor jerarqu\u00eda que tiene la Constituci\u00f3n dentro del ordenamiento y se expresa a trav\u00e9s del principio de supremac\u00eda constitucional forjado en los albores del Estado de Derecho. Para tal efecto, el propio ordenamiento prev\u00e9 los mecanismos destinados a garantizar la mayor jerarqu\u00eda de la Constituci\u00f3n y su supremac\u00eda respecto de las restantes normas, siendo el m\u00e1s extendido el de la jurisdicci\u00f3n constitucional.<\/p>\n<p>Se ha de tener presente que la validez y constitucionalidad de las normas no es un problema reservado a la ley, a pesar de que a este respecto se hayan planteado los t\u00f3picos de mayor inter\u00e9s. De hecho, existen varias normas que guardan una vinculaci\u00f3n directa con la Constituci\u00f3n y hacen descansar en \u00e9sta su validez, como ocurre con los reglamentos presidenciales o los autos acordados. Por tal raz\u00f3n, el propio Constituyente se ha encargado de extender su control a este tipo de preceptos.<\/p>\n<p>Sin embargo, no existe en la doctrina una soluci\u00f3n uniforme respecto de los problemas que plantea la constitucionalidad de las leyes en relaci\u00f3n con las otras normas, lo cual queda de manifiesto en dos aspectos:<\/p>\n<p>a) La forma que adopta en control de constitucionalidad. La mayor\u00eda de la doctrina y la jurisprudencia aboga por un sistema de control de constitucionalidad concentrado de las leyes, posici\u00f3n que se ve reforzada despu\u00e9s de la Reforma constitucional de 2005, la cual radic\u00f3 el control preventivo y represivo de las leyes en manos del Tribunal Constitucional. Sin embargo, una parte minoritaria sostiene \u0097con buenos argumentos\u0097 que el principio de supremac\u00eda constitucional debe ser aplicado por todos los \u00f3rganos del Estado, tal como lo prescribe el art. 6 CPR, de manera que al establecer la inconstitucionalidad de un precepto legal, deben abstenerse de aplicarlo y estar a lo que dispone la Carta fundamental41.<\/p>\n<p>La opini\u00f3n mayoritaria est\u00e1 por mantener la unidad del sistema de control de constitucionalidad como mejor garant\u00eda de seguridad jur\u00eddica y de uniformidad de criterio al momento de resolver estos asuntos. No obstante, esta posici\u00f3n tambi\u00e9n encierra cierto formalismo, en la medida que la constataci\u00f3n y declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad estar\u00e1 sujeta a los supuestos y ritualidad de la jurisdicci\u00f3n constitucional concentrada, mientras que en el intertanto la norma inconstitucional continuar\u00e1 produciendo sus efectos.<\/p>\n<p>Sea como fuere, esta discusi\u00f3n no se plantea respecto de otras normas, como los reglamentos presidenciales, los cuales pueden ser declarados inconstitucionales e ilegales no s\u00f3lo por el Tribunal Constitucional, sino tambi\u00e9n por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y los Tribunales de la instancia.<\/p>\n<p>b) La derogaci\u00f3n de las normas preconstitucionales. La din\u00e1mica del ordenamiento jur\u00eddico puede llegar al extremo de que su norma fundamental puede ser sustituida o reformada. En este supuesto, la nueva Constituci\u00f3n asumir\u00e1 la funci\u00f3n que correspond\u00eda a la anterior, proyectando su fuerza normativa a todas las normas que integran dicho ordenamiento. Sin embargo, el problema es determinar en qu\u00e9 situaci\u00f3n quedan las normas anteriores a la Constituci\u00f3n cuyo contenido no es compatible con la misma. Dicho en otros t\u00e9rminos, se produce la derogaci\u00f3n o una suerte de inconstitucionalidad sobreviniente. \u00bfC\u00f3mo se ha de resolver esta cuesti\u00f3n?.<\/p>\n<p>Nuevamente el punto se ha planteado respecto de la ley, particularmente en relaci\u00f3n a las leyes preconstitucionales. El problema no es nuevo, pues ya ha sido objeto de reflexi\u00f3n en el derecho alem\u00e1n, italiano y espa\u00f1ol. As\u00ed, en la doctrina alemana, con autores como Alessi, han sostenido que las normas preconstitucionales y contrarias al nuevo texto constitucional no ser\u00e1n inconstitucionales, pero carecer\u00e1n de vigencia porque estar\u00e1n derogadas. Esta conclusi\u00f3n se obtiene a partir de la interpretaci\u00f3n que se hace a contrario sensu del art\u00edculo 123 de la Ley Fundamental de Bonn. Este precepto dispone que a partir de su entrada en vigencia seguir\u00e1n en vigor todas aquellas disposiciones anteriores que no contradigan lo en ella dispuesto. Esta ha sido tambi\u00e9n la posici\u00f3n que ha adoptado el Tribunal Constitucional Federal alem\u00e1n, el cual ha declarado de forma reiterada que la Ley Fundamental se relaciona con las leyes dictadas con anterioridad a 1949 en t\u00e9rminos de derogaci\u00f3n y no de inconstitucionalidad, de manera que los eventuales conflictos que se produzcan deber\u00e1n ser resueltos mediante los criterios cl\u00e1sicos de jerarqu\u00eda, competencia y temporalidad. M\u00e1s a\u00fan, el mismo Tribunal ha sostenido que corresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria verificar la compatibilidad de las normas preconstitucionales con la Ley Fundamental, pudiendo inaplicadas directamente, sean o no de rango legal.<\/p>\n<p>Por su parte, la doctrina italiana sigue una posici\u00f3n diversa. En este sentido, Piero Calamandrei soten\u00eda que las leyes vigentes antes de 1947 y que fuesen contrarias a la Constituci\u00f3n son derechamente inconstitucionales, aunque esta inconstitucionalidad sea, por razones obvias, sobrevenida. As\u00ed, s\u00f3lo el Tribunal Constitucional puede determinar si una determinada norma es o no contraria a la Constituci\u00f3n, sin que sea relevante el hecho de que dicha norma haya sido dictada antes o despu\u00e9s de 1947.42<\/p>\n<p>\u00abEl caso espa\u00f1ol es distinto, pues la propia Constituci\u00f3n de 1978 dispone expresamente que \u00ab[&#8230;] quedar\u00e1n derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constituci\u00f3n\u00bb43, de lo cual se deduce que el Constituyente espa\u00f1ol sigui\u00f3 en este punto la soluci\u00f3n alemana, es decir, la derogaci\u00f3n. Sin embargo, algunos autores, entre los que se puede mencionar a S\u00e1nchez Agesta y Ollero, han pretendido introducir la soluci\u00f3n italiana de inconstitucionalidad sobrevenida. Por su parte, el Tribunal Constitucional zanj\u00f3 el tema se\u00f1alando que \u00ab[&#8230;] La peculiaridad de las leyes preconstitucionales consiste, por lo que ahora interesa, en que la Constituci\u00f3n es una Ley superior -criterio jer\u00e1rquico- y posterior -criterio temporal-. Y la coincidencia de este doble criterio da lugar -de una parte- a la inconstitucionalidad sobrevenida, y consiguiente invalidez, de las que se opongan a la Constituci\u00f3n, y -de otra- a su p\u00e9rdida de vigencia a partir de la misma para regular situaciones futuras, es decir, a su derogaci\u00f3n. [&#8230;] As\u00ed como frente a las leyes postconstitucionales el Tribunal ostenta un monopolio para enjuiciar su conformidad con la Constituci\u00f3n, en relaci\u00f3n a las preconstitucionales, los Jueces y Tribunales deben inaplicadas si entienden que han quedado derogadas por la Constituci\u00f3n, al oponerse a la misma; o pueden, en caso de duda, someter este tema al Tribunal Constitucional por la v\u00eda de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad.\u00bb44<\/p>\n<p>En el caso chileno, no vemos inconveniente para adoptar esta \u00faltima soluci\u00f3n, en la medida que resguarda las competencias que corresponden al Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, evita el excesivo formalismo de recurrir a dicho Tribunal en los casos -que no son pocos- de evidente contradicci\u00f3n de una norma preconstitucional con la Constituci\u00f3n45. Esta ha sido, por lo dem\u00e1s, la soluci\u00f3n que ha adoptado el Tribunal Constitucional al se\u00f1alar que \u00ab[&#8230;] aunque la entrada en vigencia de un precepto legal sea anterior a la de la norma constitucional con la que resultar\u00eda contraria en su aplicaci\u00f3n judicial, ello no es obst\u00e1culo para su impugnaci\u00f3n por la v\u00eda de la acci\u00f3n de inaplicabilidad\u00bb46. A su vez, la Corte Suprema ha reconocido la facultad de los jueces de la instancia para declarar la derogaci\u00f3n de una norma preconstitucional.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"El_principio_de_interpretacion_conforme_a_la_Constitucion\"><\/span>El principio de interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n produce, entre otros efectos pr\u00e1cticos, una nueva regla o principio de interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, que viene a integrar los m\u00e9todos que tradicionalmente se han formulado sobre la materia.<\/p>\n<p>En efecto, la Constituci\u00f3n garantiza la unidad del ordenamiento jur\u00eddico, en la medida que es fundamento \u00faltimo de validez de todas las normas que lo integran. Sin embargo, la unidad no s\u00f3lo se limita al tema de la validez de las normas, sino tambi\u00e9n a la unidad que debe darse a las mismas al momento de ser interpretadas. Dicho en otros t\u00e9rminos, debe existir tambi\u00e9n unidad en el sentido y alcance de las normas.<\/p>\n<p>Las modernas teor\u00edas de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica reconocen la posibilidad que una norma pueda tener m\u00e1s de un sentido y alcance, en la medida que el pensamiento l\u00f3gico formal del derecho, con la pretensi\u00f3n de establecer la verdad sobre el alcance de las normas, ha evolucionado hacia la dial\u00e9ctica, con el objeto principal de justificar una determinada interpretaci\u00f3n. En definitiva, las nuevas teor\u00edas de la argumentaci\u00f3n aspiran a promover la aceptaci\u00f3n de sus tesis antes que a demostrarlas.<\/p>\n<p>En este sentido, la metodolog\u00eda se abre a una diversidad de perspectivas, estimulando el pluralismo. Sin embargo, este ha de reconocer como l\u00edmite el dato positivo cierto, m\u00e1s a\u00fan si se contiene en la propia Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por tanto, si se acepta que un precepto puede tener m\u00e1s de un alcance o sentido en su interpretaci\u00f3n, el operador jur\u00eddico debe preferir aqu\u00e9l que se adecu\u00e9 o reconozca una mayor conformidad con lo prescrito en la Carta fundamental. As\u00ed las cosas, el int\u00e9rprete no s\u00f3lo debe estar a lo que establece la Constituci\u00f3n y las normas dictadas conforme a ella, sino que debe garantizar que la aplicaci\u00f3n de estas normas se ha de tener siempre presente en lo prescrito en la Carta fundamental. En buenas cuentas, la Constituci\u00f3n proyecta su fuerza normativa desde que la norma entra en vigencia hasta el sentido que va a tener al momento de ser aplicada.<\/p>\n<p>Este principio o regla formulada originalmente por la doctrina y jurisprudencia alemana, se ha extendido por los pa\u00edses europeos y ha comenzado a instalarse en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, a pesar de que debe ser aplicada por todos los operadores jur\u00eddicos (jueces de letras, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, Contralor\u00eda, etc.).<\/p>\n<p>En un comienzo el Tribunal Constitucional acogi\u00f3 este principio bajo la forma de \u00absentencias interpretativas\u00bb o de \u00abprevenci\u00f3n\u00bb48, para luego dejar expresa constancia de la aplicaci\u00f3n del principio de buscar la interpretaci\u00f3n de las normas que permita resolver, dentro de lo posible, su conformidad con la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>En definitiva, y como bien afirma Teodoro Ribera, \u00abel Tribunal parte del hecho de que el legislador conoce la Ley fundamental y tiene un accionar enmarcado en sus l\u00edmites, por lo que debe interpretar los proyectos de ley de manera que no est\u00e9n en contradicci\u00f3n con la Constituci\u00f3n\u00bb. As\u00ed, las sentencias interpretativas se justifican \u00abtanto desde el punto de vista de la unidad del sistema jur\u00eddico, como desde una perspectiva de la presunci\u00f3n de constitucionalidad del actuar del Legislador como de las normas que de \u00e9l emanan\u00bb.<\/p>\n<p>Autor: Eduardo Cordero Quinzacara, Revista Ius etPraxis, 15 (2):11-49, 2009<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Constituci\u00f3n en Chile [aioseo_breadcrumbs] La Constituci\u00f3n como fuente del derecho Eficacia directa de la Constituci\u00f3n La Constituci\u00f3n es una norma jur\u00eddica y, por tanto, es vinculante y obligatoria respecto de sus destinatarios. 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