Constituci贸n

Constituci贸n en Chile

La Constituci贸n como fuente del derecho

Eficacia directa de la Constituci贸n

La Constituci贸n es una norma jur铆dica y, por tanto, es vinculante y obligatoria respecto de sus destinatarios. Ahora bien, el problema del car谩cter normativo de la Constituci贸n es tratar de establecer si 茅sta obliga a toda persona, instituci贸n o grupo social, de manera que debe ser aplicada judicialmente (eficacia directa); o vincula s贸lo al legislador, el cual tiene el deber de desarrollar los preceptos previstos en la Carta fundamental, dentro del margen que ella establece, a fin de que pueda ser aplicado por los dem谩s 贸rganos del Estado (eficacia indirecta). Es claro que la Constituci贸n nos indica cu谩les son las fuentes primarias del derecho, pero 驴es tambi茅n la Constituci贸n una fuente del derecho?40

En ambos casos estamos en presencia de una Constituci贸n normativa, aunque la diferencia en cuanto a sus efectos es radical, especialmente en la forma que adopta la aplicaci贸n de los preceptos constitucionales y la adecuaci贸n del ordenamiento jur铆dico a los mismos. En el primer caso, los jueces al adoptar sus decisiones deben aplicar los preceptos constitucionales directamente; pueden determinar la constitucionalidad o no de un precepto legal, implic谩ndolo para el caso particular, as铆 como limitar su sentido y alcance para que guarden una mayor conformidad con el orden constitucional. M谩s a煤n, los derechos y libertades reconocidos a las personas gozan de una eficacia inmediata y no est谩n sujetos a su desarrollo legislativo. A su vez, el juez debe aplicar la Constituci贸n aun cuando el legislador o el 贸rgano encargado del control de constitucionalidad no haya actuado o lo haya hecho de forma deficiente.

En el segundo supuesto, la vigencia y operatividad de la Constituci贸n estar谩 mediada por la labor que realice el legislador, al cual corresponde dar forma y contenido a sus diversos preceptos. En este caso, la Constituci贸n tendr谩 como instrumento de aplicaci贸n al legislador, el cual determinar谩 la forma c贸mo deber谩n actuar los 贸rganos del Estado para asegurar su cumplimiento. Pero tambi茅n, junto al legislador, debe existir un 贸rgano que vele por el respeto de los cauces establecidos en la Carta fundamental, es decir, por el control de constitucionalidad. De esta forma, el legislador y el 贸rgano de control de constitucionalidad son los responsables de la aplicaci贸n de la Constituci贸n a los dem谩s 贸rganos del Estado y los particulares.

La opci贸n por uno y otro modelo est谩 estrechamente unida a la forma de comprender o conceptualizar a la Constituci贸n. Si se entiende que la Carta fundamental tiene por objeto regular la creaci贸n de nuevas normas jur铆dicas, necesariamente sus preceptos s贸lo ser谩n vinculantes para el legislador, el cual deber谩 desarrollarlos y as铆 velar por la aplicaci贸n y operatividad de la norma fundamental. Por el contrario, si entendemos que la Constituci贸n es una norma jur铆dica de mayor jerarqu铆a, esta debe ser aplicada directamente por los jueces a los casos particulares, reconociendo derechos y libertades a las personas que pueden ser alegados y bases de pronunciamiento por parte de la jurisdicci贸n ordinaria.

Nuestra Constituci贸n opt贸 claramente por el modelo de la eficacia directa. Tal conclusi贸n se deriva de lo dispuesto en el art. 6o al disponer que:禄Los 贸rganos del Estado deben someter su acci贸n a 隆a Constituci贸n y a 隆as normas dictadas conforme a e眉a, y garantizar el orden institucional de la Rep煤blica. Los preceptos de esta Constituci贸n obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos 贸rganos como a toda persona, instituci贸n o grupo禄.

En tal sentido, nuestra Carta fundamental no s贸lo es la norma que regula de forma para producir nuevas normas jur铆dicas, sino que integra aquel derecho que tiene la capacidad de incidir en las relaciones jur铆dicas concretas sobre las cuales deber谩n pronunciarse los jueces de la instancia. La Constituci贸n es fuente del derecho y son destinatarios de sus preceptos toda persona o sujeto de derecho, sea p煤blico o privado. Como se帽ala el citado art. 6掳, la Carta fundamental es obligatoria para todos los 贸rganos del Estado, los titulares o integrantes de dichos 贸rganos, como toda persona, instituci贸n o grupo.

No cabe duda que en esta labor todo operador jur铆dico, especialmente los jueces, tendr谩n como premisa de sus decisiones lo dispuesto en la norma fundamental. A su vez, al momento de interpretar las normas que integran el ordenamiento jur铆dico deber谩n darle el sentido y alcance que m谩s conforme parezca con la Carta fundamental. Sin embargo, al momento de juzgar la constitucionalidad de alguna norma, no podr谩 sin m谩s declarar su disconformidad con la Constituci贸n e inaplicada, pues al efecto se han establecido algunas reglas especiales que obligan a matizar sobre el punto. En primer t茅rmino, una norma que sea contraria a la Constituci贸n debe salir del ordenamiento jur铆dico. La forma en que se produce esta salida puede variar, considerando el momento de vigencia de la norma en relaci贸n con la Carta fundamental, lo cual puede determinar su derogaci贸n o nulidad. As铆, si la norma es previa y ha devenido en inconstitucional, es claro que la soluci贸n ser谩 la derogaci贸n de la misma, cuya declaraci贸n corresponde a todo 贸rgano llamado aplicar el derecho, como son los jueces de la instancia, en la medida que constatan una consecuencia jur铆dica que ya se ha producido. En cambio, si la norma es postconstitucional esta posibilidad se ve fuertemente restringida, en la medida que la competencia al efecto queda radicada en el Tribunal Constitucional, tanto para constatar la derogaci贸n como para inaplicar la norma legal o anularla, en su caso. A su vez, el juez de la instancia puede plantear sus reparos al respecto, pero deber谩 colocar los antecedentes ante el Tribunal Constitucional a fin de que se dirima sobre la aplicaci贸n o no del precepto legal.

Derogaci贸n e inconstitucionalidad sobreviniente

La unidad no s贸lo se traduce en garantizar la validez de las normas que integran el ordenamiento jur铆dico, as铆 como la interpretaci贸n de las mismas conforme a la Carta fundamental. Desde una perspectiva negativa, la existencia de normas que sean contrarias a la Constituci贸n, ya sea en su contenido o forma, son inconstitucionales y deben quedar fuera del sistema.

Como bien se puede apreciar, este efecto es propio de la mayor jerarqu铆a que tiene la Constituci贸n dentro del ordenamiento y se expresa a trav茅s del principio de supremac铆a constitucional forjado en los albores del Estado de Derecho. Para tal efecto, el propio ordenamiento prev茅 los mecanismos destinados a garantizar la mayor jerarqu铆a de la Constituci贸n y su supremac铆a respecto de las restantes normas, siendo el m谩s extendido el de la jurisdicci贸n constitucional.

Se ha de tener presente que la validez y constitucionalidad de las normas no es un problema reservado a la ley, a pesar de que a este respecto se hayan planteado los t贸picos de mayor inter茅s. De hecho, existen varias normas que guardan una vinculaci贸n directa con la Constituci贸n y hacen descansar en 茅sta su validez, como ocurre con los reglamentos presidenciales o los autos acordados. Por tal raz贸n, el propio Constituyente se ha encargado de extender su control a este tipo de preceptos.

Sin embargo, no existe en la doctrina una soluci贸n uniforme respecto de los problemas que plantea la constitucionalidad de las leyes en relaci贸n con las otras normas, lo cual queda de manifiesto en dos aspectos:

a) La forma que adopta en control de constitucionalidad. La mayor铆a de la doctrina y la jurisprudencia aboga por un sistema de control de constitucionalidad concentrado de las leyes, posici贸n que se ve reforzada despu茅s de la Reforma constitucional de 2005, la cual radic贸 el control preventivo y represivo de las leyes en manos del Tribunal Constitucional. Sin embargo, una parte minoritaria sostiene 聴con buenos argumentos聴 que el principio de supremac铆a constitucional debe ser aplicado por todos los 贸rganos del Estado, tal como lo prescribe el art. 6 CPR, de manera que al establecer la inconstitucionalidad de un precepto legal, deben abstenerse de aplicarlo y estar a lo que dispone la Carta fundamental41.

La opini贸n mayoritaria est谩 por mantener la unidad del sistema de control de constitucionalidad como mejor garant铆a de seguridad jur铆dica y de uniformidad de criterio al momento de resolver estos asuntos. No obstante, esta posici贸n tambi茅n encierra cierto formalismo, en la medida que la constataci贸n y declaraci贸n de inconstitucionalidad estar谩 sujeta a los supuestos y ritualidad de la jurisdicci贸n constitucional concentrada, mientras que en el intertanto la norma inconstitucional continuar谩 produciendo sus efectos.

Sea como fuere, esta discusi贸n no se plantea respecto de otras normas, como los reglamentos presidenciales, los cuales pueden ser declarados inconstitucionales e ilegales no s贸lo por el Tribunal Constitucional, sino tambi茅n por la Contralor铆a General de la Rep煤blica y los Tribunales de la instancia.

b) La derogaci贸n de las normas preconstitucionales. La din谩mica del ordenamiento jur铆dico puede llegar al extremo de que su norma fundamental puede ser sustituida o reformada. En este supuesto, la nueva Constituci贸n asumir谩 la funci贸n que correspond铆a a la anterior, proyectando su fuerza normativa a todas las normas que integran dicho ordenamiento. Sin embargo, el problema es determinar en qu茅 situaci贸n quedan las normas anteriores a la Constituci贸n cuyo contenido no es compatible con la misma. Dicho en otros t茅rminos, se produce la derogaci贸n o una suerte de inconstitucionalidad sobreviniente. 驴C贸mo se ha de resolver esta cuesti贸n?.

Nuevamente el punto se ha planteado respecto de la ley, particularmente en relaci贸n a las leyes preconstitucionales. El problema no es nuevo, pues ya ha sido objeto de reflexi贸n en el derecho alem谩n, italiano y espa帽ol. As铆, en la doctrina alemana, con autores como Alessi, han sostenido que las normas preconstitucionales y contrarias al nuevo texto constitucional no ser谩n inconstitucionales, pero carecer谩n de vigencia porque estar谩n derogadas. Esta conclusi贸n se obtiene a partir de la interpretaci贸n que se hace a contrario sensu del art铆culo 123 de la Ley Fundamental de Bonn. Este precepto dispone que a partir de su entrada en vigencia seguir谩n en vigor todas aquellas disposiciones anteriores que no contradigan lo en ella dispuesto. Esta ha sido tambi茅n la posici贸n que ha adoptado el Tribunal Constitucional Federal alem谩n, el cual ha declarado de forma reiterada que la Ley Fundamental se relaciona con las leyes dictadas con anterioridad a 1949 en t茅rminos de derogaci贸n y no de inconstitucionalidad, de manera que los eventuales conflictos que se produzcan deber谩n ser resueltos mediante los criterios cl谩sicos de jerarqu铆a, competencia y temporalidad. M谩s a煤n, el mismo Tribunal ha sostenido que corresponde a la jurisdicci贸n ordinaria verificar la compatibilidad de las normas preconstitucionales con la Ley Fundamental, pudiendo inaplicadas directamente, sean o no de rango legal.

Por su parte, la doctrina italiana sigue una posici贸n diversa. En este sentido, Piero Calamandrei soten铆a que las leyes vigentes antes de 1947 y que fuesen contrarias a la Constituci贸n son derechamente inconstitucionales, aunque esta inconstitucionalidad sea, por razones obvias, sobrevenida. As铆, s贸lo el Tribunal Constitucional puede determinar si una determinada norma es o no contraria a la Constituci贸n, sin que sea relevante el hecho de que dicha norma haya sido dictada antes o despu茅s de 1947.42

芦El caso espa帽ol es distinto, pues la propia Constituci贸n de 1978 dispone expresamente que 芦[…] quedar谩n derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constituci贸n禄43, de lo cual se deduce que el Constituyente espa帽ol sigui贸 en este punto la soluci贸n alemana, es decir, la derogaci贸n. Sin embargo, algunos autores, entre los que se puede mencionar a S谩nchez Agesta y Ollero, han pretendido introducir la soluci贸n italiana de inconstitucionalidad sobrevenida. Por su parte, el Tribunal Constitucional zanj贸 el tema se帽alando que 芦[…] La peculiaridad de las leyes preconstitucionales consiste, por lo que ahora interesa, en que la Constituci贸n es una Ley superior -criterio jer谩rquico- y posterior -criterio temporal-. Y la coincidencia de este doble criterio da lugar -de una parte- a la inconstitucionalidad sobrevenida, y consiguiente invalidez, de las que se opongan a la Constituci贸n, y -de otra- a su p茅rdida de vigencia a partir de la misma para regular situaciones futuras, es decir, a su derogaci贸n. […] As铆 como frente a las leyes postconstitucionales el Tribunal ostenta un monopolio para enjuiciar su conformidad con la Constituci贸n, en relaci贸n a las preconstitucionales, los Jueces y Tribunales deben inaplicadas si entienden que han quedado derogadas por la Constituci贸n, al oponerse a la misma; o pueden, en caso de duda, someter este tema al Tribunal Constitucional por la v铆a de la cuesti贸n de inconstitucionalidad.禄44

En el caso chileno, no vemos inconveniente para adoptar esta 煤ltima soluci贸n, en la medida que resguarda las competencias que corresponden al Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, evita el excesivo formalismo de recurrir a dicho Tribunal en los casos -que no son pocos- de evidente contradicci贸n de una norma preconstitucional con la Constituci贸n45. Esta ha sido, por lo dem谩s, la soluci贸n que ha adoptado el Tribunal Constitucional al se帽alar que 芦[…] aunque la entrada en vigencia de un precepto legal sea anterior a la de la norma constitucional con la que resultar铆a contraria en su aplicaci贸n judicial, ello no es obst谩culo para su impugnaci贸n por la v铆a de la acci贸n de inaplicabilidad禄46. A su vez, la Corte Suprema ha reconocido la facultad de los jueces de la instancia para declarar la derogaci贸n de una norma preconstitucional.

El principio de interpretaci贸n conforme a la Constituci贸n

El car谩cter normativo de la Constituci贸n produce, entre otros efectos pr谩cticos, una nueva regla o principio de interpretaci贸n de las normas jur铆dicas, que viene a integrar los m茅todos que tradicionalmente se han formulado sobre la materia.

En efecto, la Constituci贸n garantiza la unidad del ordenamiento jur铆dico, en la medida que es fundamento 煤ltimo de validez de todas las normas que lo integran. Sin embargo, la unidad no s贸lo se limita al tema de la validez de las normas, sino tambi茅n a la unidad que debe darse a las mismas al momento de ser interpretadas. Dicho en otros t茅rminos, debe existir tambi茅n unidad en el sentido y alcance de las normas.

Las modernas teor铆as de la argumentaci贸n jur铆dica reconocen la posibilidad que una norma pueda tener m谩s de un sentido y alcance, en la medida que el pensamiento l贸gico formal del derecho, con la pretensi贸n de establecer la verdad sobre el alcance de las normas, ha evolucionado hacia la dial茅ctica, con el objeto principal de justificar una determinada interpretaci贸n. En definitiva, las nuevas teor铆as de la argumentaci贸n aspiran a promover la aceptaci贸n de sus tesis antes que a demostrarlas.

En este sentido, la metodolog铆a se abre a una diversidad de perspectivas, estimulando el pluralismo. Sin embargo, este ha de reconocer como l铆mite el dato positivo cierto, m谩s a煤n si se contiene en la propia Constituci贸n.

Por tanto, si se acepta que un precepto puede tener m谩s de un alcance o sentido en su interpretaci贸n, el operador jur铆dico debe preferir aqu茅l que se adecu茅 o reconozca una mayor conformidad con lo prescrito en la Carta fundamental. As铆 las cosas, el int茅rprete no s贸lo debe estar a lo que establece la Constituci贸n y las normas dictadas conforme a ella, sino que debe garantizar que la aplicaci贸n de estas normas se ha de tener siempre presente en lo prescrito en la Carta fundamental. En buenas cuentas, la Constituci贸n proyecta su fuerza normativa desde que la norma entra en vigencia hasta el sentido que va a tener al momento de ser aplicada.

Este principio o regla formulada originalmente por la doctrina y jurisprudencia alemana, se ha extendido por los pa铆ses europeos y ha comenzado a instalarse en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, a pesar de que debe ser aplicada por todos los operadores jur铆dicos (jueces de letras, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, Contralor铆a, etc.).

En un comienzo el Tribunal Constitucional acogi贸 este principio bajo la forma de 芦sentencias interpretativas禄 o de 芦prevenci贸n禄48, para luego dejar expresa constancia de la aplicaci贸n del principio de buscar la interpretaci贸n de las normas que permita resolver, dentro de lo posible, su conformidad con la Constituci贸n.

En definitiva, y como bien afirma Teodoro Ribera, 芦el Tribunal parte del hecho de que el legislador conoce la Ley fundamental y tiene un accionar enmarcado en sus l铆mites, por lo que debe interpretar los proyectos de ley de manera que no est茅n en contradicci贸n con la Constituci贸n禄. As铆, las sentencias interpretativas se justifican 芦tanto desde el punto de vista de la unidad del sistema jur铆dico, como desde una perspectiva de la presunci贸n de constitucionalidad del actuar del Legislador como de las normas que de 茅l emanan禄.

Autor: Eduardo Cordero Quinzacara, Revista Ius etPraxis, 15 (2):11-49, 2009

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