Jerarqu铆a Normativa

Jerarqu铆a Normativa en Chile en Chile

Derecho Chileno: La jerarqu铆a normativa

durante el siglo XIX se dio a luz a un ordenamiento jur铆dico inspirado en el liberalismo e individualismo jur铆dico, lo cual se manifiesta fundamentalmente en la codificaci贸n civil, sin perjuicio de los preceptos contenidos en las Constituciones de la 茅poca. As铆, nuestro derecho respond铆a a la forma m谩s cl谩sica y simple de fuentes positivas: Constituci贸n, ley y reglamento.

Sin embargo, los inicios del siglo XX marcan un cambio de bulto respecto del sistema de fuentes vigente en nuestro derecho, el cual experimenta un notable crecimiento y complejidad. Los factores que determinaron este fen贸meno son conocidos (crecimiento industrial, surgimiento de la clase obrera, desarrollo de la legislaci贸n social y la intervenci贸n decidida del Estado en las relaciones sociales). En el plano jur铆dico se traduce en la mayor importancia que adquiri贸 el Poder ejecutivo en la producci贸n de normas, tanto en el proceso legislativo como en la dictaci贸n de preceptos con rango de ley (legislaci贸n delegada) y administrativas (reglamentos, circulares, instrucciones, resoluciones, etc.). M谩s a煤n, el desenfreno en la producci贸n normativa dio lugar al quiebre de la unidad formal de los tipos normativos tradicionales (Constituci贸n, ley y reglamento), surgiendo nuevas categor铆as, como las leyes interpretativas de la Constituci贸n, los decretos con fuerza de ley, a las cuales se agregan los decretos leyes asociados a los gobiernos de facto. Por 煤ltimo, el paulatino proceso de descentralizaci贸n extendi贸 los poderes normativos a entidades diversas del Estado central, partiendo por las instituciones m谩s tradicionales de la Administraci贸n, como son las municipalidades, llegando a diversas entidades administrativas que ejercen labores de control y fiscalizaci贸n (Servicios de Impuestos Internos, Superintendencias, Banco Central, Contralor铆a, etc.).

El panorama de las fuentes es claramente complejo, en la medida que se superpone a un sistema que responde a la tradici贸n liberal decimon贸nica toda una bater铆a de normas de diversa naturaleza y car谩cter que se inspira en una tradici贸n distinta, incluso antag贸nica, a la anterior. En definitiva, y parafraseando a Stammler, bien podr铆amos decir que estamos ante una 芦masa confusa y ca贸tica禄 de normas que exige cierto orden y estructura para su comprensi贸n y aplicaci贸n definitiva.

En este estado de cosas, la Constituci贸n de 1980 asume un reordenamiento del sistema de fuentes y de las competencias normativas. En tal sentido, fortalece el poder normativo de la autoridad presidencial y se encarga de regular algunas normas generadas por pr谩cticas constitucionales desarrolladas durante la vigencia de la Carta de 1925.

Esta nueva estructura se puede resumir en las siguientes premisas:

Primera:

La Constituci贸n de 1980 delimita la competencia normativa entre el legislador y el Presidente, quien la ejerce a trav茅s de su potestad reglamentaria.21

Segunda:

Acto seguido y, producto de este deslinde competencial, surge un principio b谩sico en la delimitaci贸n de los poderes normativos: el principio de reserva de ley, en cuya virtud se cataloga un conjunto de materias considerando su relevancia y se entrega al legislador su regulaci贸n exclusiva, como ocurre en el caso de los derechos constitucionales.22

Tercera:

Dentro del 谩mbito de la ley, el Constituyente ha establecido la existencia de diversos tipos de leyes, diversificando la producci贸n legislativa: leyes interpretativas de la Constituci贸n, leyes org谩nicas constitucionales, leyes de quorum calificado y leyes ordinarias, que deben regular este espacio de reserva. En el mismo sentido, existe una nueva delimitaci贸n de competencias entre los diversos tipos de leyes en raz贸n de la materia, dejando un espacio o competencia residual a la ley ordinaria.23

Cuarta:

Terminada esta construcci贸n b谩sica, comienza la inserci贸n de otras fuentes, como ocurre con los Tratados Internacionales, la legislaci贸n delegada y la potestad reglamentaria, aunque ser铆a bajo la forma de ejecuci贸n, tal como lo se帽ala la doctrina y la jurisprudencia24.

En t茅rminos generales, esto se puede describir de la siguiente forma:

a) Los Tratados Internacionales ser谩n aprobados por el Congreso considerando el procedimiento propio de una ley.25

b) La delegaci贸n legislativa abre las puertas para que el Presidente de la Rep煤blica pueda regular por la v铆a de un decreto materias propias de ley, estableciendo una serie de limitaciones desde el punto de vista del procedimiento, la materia y los plazos, encauzando una antigua pr谩ctica constitucional.26

c) Por 煤ltimo, respecto de las normas infralegales, permite que a trav茅s de los reglamentos presidenciales se puedan ejecutar los mandatos de la ley, sin perjuicio de la posibilidad de regular las materias ajenas a la reserva legal. Por su parte, tambi茅n hace menci贸n a la potestad reglamentaria que corresponde a las C谩maras legislativas y del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, las normas emanadas de otros 贸rganos administrativos no son mencionadas expresamente, como ocurre con las ordenanzas locales o las circulares.27

Esta nueva estructura del sistema de fuentes fue implantada de forma paulatina, pues consider贸 un per铆odo de transici贸n entre el 11 de marzo de 1981 y el 11 de marzo de 1990, fecha en que comenz贸 su vigencia plena. Durante dicho per铆odo el Congreso Nacional se mantuvo en receso y la potestad legislativa fue radicada en la Junta de Gobierno.28

Ahora bien, en el intertanto se conservaron algunas pr谩cticas vigentes bajo la Carta de 1925 y asumidas en el per铆odo del gobierno militar entre los a帽os 1973 a 1981, muchas de las cuales no se correspond铆an con el sistema previsto en la nueva Constituci贸n29. De hecho, la forma de entender y aplicar el nuevo sistema de fuentes por los operadores jur铆dicos estuvo lastrada por estas pr谩cticas hasta bien entrada la d茅cada de los 90, algunas de las cuales fueron lentamente erradicadas, especialmente por la labor que le correspondi贸 cumplir al Tribunal Constitucional.30

A partir de 1990 comienzan a alumbrar los problemas propios de un sistema normativo en donde confluyen diversas tradiciones, en donde la disincron铆a en la integraci贸n de sus elementos da pie a una eventual disinton铆a de los mismos. Los problemas que plantean este nuevo orden pueden ser resumidos en los siguientes puntos:

a) La irrupci贸n de la Constituci贸n normativa.

El car谩cter normativo de la Constituci贸n y sus efectos ha sido objeto de un estudio y reflexi贸n acabada en los ordenamientos comparados, particularmente en Alemania, Italia y Espa帽a. Se reconoce que la Constituci贸n no s贸lo es un texto pol铆tico, sino tambi茅n un cuerpo normativo cuyos preceptos son directamente aplicables y justiciables, reconoci茅ndole una efectiva fuerza normativa. Esta situaci贸n no deber铆a haber sido distinta respecto de lo que ocurr铆a en nuestro derecho, sobre todo si la doctrina y la jurisprudencia reconoc铆an el car谩cter de norma suprema y fundamental de la Constituci贸n. Sin embargo, en la pr谩ctica esto no era as铆.31

La situaci贸n cambia radicalmente en Chile a partir de la creaci贸n de mecanismos jurisdiccionales destinados a tutelar los derechos fundamentales en forma amplia32 o, en su caso, a garantizar el principio de supremac铆a constitucional33. Esto es lo que se ha denominado una verdadera 芦revoluci贸n silenciosa禄, al existir un ordenamiento jur铆dico jerarquizado con efectiva traducci贸n pr谩ctica y la existencia de medios para hacerlos efectivos.34

Por tanto, y recogiendo las palabras de Kamel Cazor, 芦en la actualidad la Constituci贸n adem谩s de norma primaria, presenta la caracter铆stica de ser una norma inmediatamente vinculante para todos los 贸rganos del Estado, los cuales necesariamente deben someter su acci贸n a ella. De la misma forma, reconoce derechos que son inmediatamente operativos, de eficacia plena, aun cuando el legislador los haya regulado禄.35

Esta nueva circunstancia incide sustancialmente en el estudio del sistema de fuentes. A partir de ahora, la Constituci贸n no s贸lo pasa a ser el fundamento te贸rico de validez de todo el ordenamiento jur铆dico, sino que efectivamente toma esta posici贸n en el sistema porque as铆 lo conciben, entienden y comprenden los diversos operadores jur铆dicos.

b) La competencia normativa: Ley y reglamento.

La determinaci贸n del 谩mbito de competencia que corresponde a la ley y el reglamento es un problema de antigua data. La Constituci贸n de 1980 se hace cargo de esta cuesti贸n estableciendo las materias de dominio o reserva legal36. Por su parte, se atribuye al Presidente de la Rep煤blica la potestad reglamentaria con el objeto de regular aquellas materias que no sean de dominio legal (figura que se conoce como reglamento aut贸nomo37), sin perjuicio de que pueda dictar las normas que estime necesarias para la ejecuci贸n de las leyes (reglamento de ejecuci贸n).38

As铆, la forma en que el Constituyente distribuye los poderes normativos entre el poder legislativo y el ejecutivo parece ser simple y clara. Sin embargo, al momento de aplicar estos criterios la realidad nos revela m谩s de una dificultad. En primer t茅rmino, el Constituyente utiliza conceptos jur铆dicos indeterminados para establecer las materias de ley, lo cual crea una frontera demasiado ambigua en su relaci贸n con los denominados reglamentos aut贸nomos, al punto de vaciar de contenido a estos 煤ltimos39. A su vez, tambi茅n la figura de los llamados reglamentos de ejecuci贸n plantea algunos problemas de no f谩cil soluci贸n, pues tampoco es claro el l铆mite que existe entre la funci贸n de regulaci贸n que corresponde al legislador y la labor de ejecuci贸n que corresponde al reglamento. En otros t茅rminos, hasta d贸nde el legislador debe regular una determinada materia que le reserva la Constituci贸n y d贸nde comienza la funci贸n de ejecuci贸n, complemento o desarrollo del reglamento.

c) Las Leyes interpretativas.

La regulaci贸n en la Carta de 1980 de un tipo especial de ley destinada a establecer el sentido de sus preceptos ha significado un reconocimiento de una pr谩ctica parlamentaria gestada bajo la Constituci贸n de 1925 y que reconoc铆a algunos antecedentes en la anterior Carta de 1833. Sin embargo, el hecho de encontrarse prevista en la Constituci贸n los aspectos vinculados al procedimiento y quorum de aprobaci贸n, ha significado una escasa vigencia pr谩ctica de la misma (desde 1980 s贸lo se ha dictado una ley interpretativa de la Constituci贸n), hecho que se ha acentuado por la degradaci贸n de los procesos de reforma, pues aparece como una alternativa igual de gravosa y m谩s conveniente de llevar adelante este procedimiento antes que la interpretaci贸n por la v铆a legal. As铆 las cosas, cabe preguntarse sobre el sentido e importancia actual que tendr铆an este tipo de leyes.

d) Los diversos tipos de leyes. Relaciones y conflictos.

La Constituci贸n ha diversificado los tipos de leyes en cuatro categor铆as: leyes interpretativas de la Constituci贸n, leyes org谩nicas constitucionales, leyes de quorum calificado y leyes ordinarias. Hay diversos factores que determinan esta separaci贸n: quorum, procedimiento y materia. Ahora bien, nuevamente, a pesar de la claridad con que el Constituyente establece estos criterios distintivos, lo cierto es que en su aplicaci贸n se plantean dificultades al momento de calificar una determinada materia dentro de alguna de estas categor铆as de leyes. M谩s a煤n, dicha calificaci贸n resulta fundamental para poder establecer las condiciones formales que deben cumplir, so pena de adolecer de alg煤n vicio de constitucionalidad en caso de que no se respeten. Sin embargo, las consecuencias no son s贸lo jur铆dicas, sino tambi茅n pol铆ticas, en la medida que cada tipo de ley est谩 sujeto a diversos quorum de aprobaci贸n, lo cual otorga un rol relevante o secundario a las minor铆as parlamentarias dependiendo de la materia que vaya a regular y el quorum de aprobaci贸n que se exija.

Por 煤ltimo, no se debe olvidar un punto central que trae aparejado la diversificaci贸n de los tipos legales, que son las posibles antinomias o contradicciones que puedan presentarse entre ellas. 驴C贸mo es posible resolverlas? 驴Se puede recurrir a las soluciones cl谩sicas que entregan los criterios de jerarqu铆a, especialidad y temporalidad?

e) El principio de reserva de ley.

La reserva de ley constituye un principio cl谩sico del constitucionalismo y que se conserva hasta nuestros d铆as. Es natural, por tanto, que la Constituci贸n de 1980 consagrara este principio estableciendo un cat谩logo de materias que s贸lo pueden ser reguladas por ley (art. 60 CPR, actual art. 63). El problema aflora ante la imposibilidad material que tiene el legislador para poder regular de forma eficaz y oportuna todas las conductas sociales, con lo cual se desarrolla la tendencia de abrir las puertas a la regulaci贸n de estas materias a trav茅s de la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep煤blica. En definitiva estamos ante el conflicto que se plantea entre la virtualidad te贸rica de un principio y la eficacia pr谩ctica del mismo. Esto se traduce, en t茅rminos jur铆dico-constitucionales, en el alcance que tendr谩 el principio de reserva legal: absoluta o relativa.

f) La legislaci贸n delegada.

La legislaci贸n delegada en Chile comprende dos modalidades: los decretos con fuerza de ley (delegaci贸n recepticia), y el reglamento (delegaci贸n no recepticia). En el primer caso, la decisi贸n de afrontar su regulaci贸n por la Constituci贸n (art. 64 CPR) ha disminuido considerablemente las posibilidades de regulaci贸n material bajo esta modalidad, disminuyendo, a su vez, su importancia pr谩ctica. Por su parte, el segundo caso aparece estrechamente vinculado a la soluci贸n que se d茅 al problema de la reserva legal, cuesti贸n ya anunciada en el punto anterior, lo cual ha dado lugar a una jurisprudencia no del todo satisfactoria.

g) Otras normas administrativas: circulares, instrucciones y resoluciones.

Para cerrar esta primera parte, debemos se帽alar que existe un n煤mero importante de normas que emanan de autoridades administrativas distintas del Presidente de la Rep煤blica y que no reconocen fuente directa en la Constituci贸n, como ocurre con las circulares, instrucciones y resoluciones de diversos servicios p煤blicos, las cuales tambi茅n plantean conflictos normativos relevantes respecto de preceptos legales y reglamentarios de no f谩cil soluci贸n.

Ahora bien, los siete puntos ya mencionados deben ser examinados teniendo a la vista la modificaci贸n constitucional realizada en 1989 por la Ley N掳 18.825 y en 2005 por la Ley N掳 20.050, las cuales han dado pie para mirar desde una nueva perspectiva el sistema de fuentes, especialmente en lo que dice relaci贸n con tres materias relevantes:

i) A partir de la reforma constitucional de 1989 a trav茅s de la Ley N掳 18.825 se ha planteado la discusi贸n respecto de la jerarqu铆a de los tratados internacionales que reconocen derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 inciso 2o CPR. Ahora bien, lo cierto es que los tratados internacionales para que constituyan derecho vigente en Chile han de someterse a las normas constitucionales que rigen al efecto, especialmente el art. 54 N掳 1, pero el problema se presenta una vez que han entrado en vigencia, pues comienza una discusi贸n respecto de su ubicaci贸n y jerarqu铆a en el ordenamiento jur铆dico respecto de la Constituci贸n y las leyes. Por su parte, la Reforma de 2005 le ha dado un nuevo sentido a los tratados internacionales, que bien pueden llegar a constituir una fuente aut贸noma del derecho nacional no cubierto bajo la naturaleza de una ley, lo que implica una nueva forma de afrontar los temas de validez y las antinomias que estas normas pueden presentar, especialmente en su relaci贸n con la Constituci贸n y las normas legales;

ii) El car谩cter menos agravado y solemne del proceso de reforma constitucional ha convertido a la Carta fundamental en una verdadera especie o tipo de ley, con la particularidad que estar铆a sometida a un quorum de aprobaci贸n m谩s elevado, caracter铆stica de la cual puede gozar cualquier texto normativo que disponga de un amplio consenso en su aprobaci贸n. As铆, no es posible distinguir en el plano formal la Constituci贸n de la Ley; y

iii) Por 煤ltimo, se introduce una figura especial铆sima de decreto con fuerza de ley, destinado a mejorar aspectos de t茅cnica legislativa bajo la forma de textos refundidos, coordinados y sistematizados, a pesar que por esta v铆a se disminuye su importancia cualitativa en el sistema de fuentes.

2. La Constituci贸n como fuente del derecho

(Ver en la entrada sobre Constitutuci贸n en esta enciclopedia. Tambi茅n el sistema de fuentes del derecho chileno.)

4. LA INSERCION EN EL SISTEMA DE CASOS PARTICULARES

Establecidos los principios b谩sicos sobre los cuales se construye el ordenamiento jur铆dico nacional, corresponde dar cuenta de algunos casos particulares que puedan plantear cierta dificultad al momento de integrarlos dentro del sistema propuesto. En raz贸n de ello es que haremos una menci贸n especial de estos y una propuesta para poder enfrentar las dificultades que nos plantean.

4.1. Leyes que proyectan jerarqu铆a

Hemos se帽alado que el principio que regula la relaci贸n entre los diversos tipos de leyes lo constituye el procedimiento. Sin embargo, existen dos casos en los cuales nos podemos encontrar con leyes que proyectan jerarqu铆a dentro del ordenamiento jur铆dico: las leyes interpretativas de la Constituci贸n y el caso particular de la Ley org谩nica constitucional de Bases Generales de la Administraci贸n del Estado.

a) Las leyes interpretativas de la Constituci贸n (LIC).

La Carta fundamental es bastante escueta a la hora de referirse a las LIC. Sobre ellas nos indica dos reglas b谩sicas de procedimiento: su quorum de aprobaci贸n (art. 66 CPR) y su control previo obligatorio por parte del TC (art. 93 N掳l). Respecto de su contenido material guarda absoluto silencio. No obstante, en raz贸n que este tipo de leyes tiene como antecedente directo las normas contenidas en la Constituci贸n de 1833 y las pr谩cticas constitucionales que se dieron bajo la Constituci贸n de 1925, se ha de entender que tienen por objeto desentra帽ar el contenido prescriptivo de los diversos preceptos que contiene la Carta fundamental a fin de establecer su correcto sentido y alcance. Por tanto, su 谩mbito material es bastante amplio, en la medida que todo precepto contenido en la Constituci贸n puede ser objeto de una LIC.

Ahora bien, es evidente que la aprobaci贸n y entrada en vigencia de una LIC produce el efecto propio de estas normas, es decir, establece el sentido y alcance de la disposici贸n Constitucional. M谩s a煤n, se entiende que el precepto siempre ha tenido dicho sentido y alcance (efecto retroactivo). Por lo tanto, y en la medida que la LIC se incorpora al texto constitucional, de debe concluir que proyecta la jerarqu铆a propia de una norma de dicho rango.

b) Ley Org谩nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci贸n del Estado (LOCBGAE).

El art. 38 CPR dispone que 芦una ley org谩nica constitucional determinar谩 la organizaci贸n b谩sica de la Administraci贸n P煤blica, garantizar谩 la carrera funcionar铆a y los principios de car谩cter t茅cnico y profesional en que deba fundarse, y asegurar谩 tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitaci贸n y el perfeccionamiento de sus integrantes禄.

Al efecto, se dict贸 la LOC N掳 18.575, actualmente contenida en un texto refundido, coordinado y sistematizado aprobado a trav茅s del DFL N掳 1/2001.

El TC ha tenido particular celo en que se respeten las disposiciones de la LOCBGAE frente a regulaciones especiales contenidas en leyes ordinarias que no se condigan con las bases generales prevista en dicha LOC. Efectivamente, esto se ha presentado a prop贸sito de la organizaci贸n b谩sica que han de adoptar los servicios p煤blicos. Es evidente que la organizaci贸n de un servicio p煤blico concreto no es materia de LOC. Sin embargo, es perfectamente posible que dicha regulaci贸n no se conforme a lo previsto en la LOCBGAE. Por tal raz贸n, la jurisprudencia del TC ha sido reiterada en sostener que en tales supuestos la norma particular debe ser aprobada como LOC, en la medida que constituye una excepci贸n a lo previsto en la LOCBGAE. De esta forma, la LOCBGAE proyecta jerarqu铆a sobre las diversas disposiciones legales que rigen al interior de la Administraci贸n del Estado75.

4.2. Los tratados internacionales (TI)

La situaci贸n de los Tratados Internacionales ya ha sido mencionada anteriormente. Son conocidas las distintas posiciones que se sustentan respecto de su grado o jerarqu铆a. En principio el TI es una fuente aut贸noma del derecho, aun cuando debe someterse a los tr谩mites de una ley y tiene la misma fuerza una vez que ha entrado en vigencia. Por tanto, tiene la capacidad de modificar o derogar las disposiciones legales o reglamentarias que sean contrarias a lo previsto por 茅l. Pero a la inversa, la ley no tiene la misma capacidad, ya que la Constituci贸n expresamente nos se帽ala que 芦las disposiciones de un tratado s贸lo podr谩n ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacionaF'(art. 54 N掳l), lo cual ser铆a la aplicaci贸n del principio del procedimiento.

Cuesti贸n distinta ocurre respecto de los TI que reconocen derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, pues estos establecen un l铆mite sustantivo a la soberan铆a del Estado, conforme lo dispone el inc. 2o del art. 5 CPR. Siendo as铆, se ha sostenido la mayor jerarqu铆a que tendr铆an estos TI en el ordenamiento jur铆dico, llegando a postular su rango constitucional. Por su parte el TC, adoptando una posici贸n intermedia, ha se帽alado que los TI que reconocen derechos fundamentales tienen una posici贸n intermedia entre la Constituci贸n y la ley. En definitiva, proyectan jerarqu铆a76.

Pues bien, dos cuestiones que es necesario tener presente al momento de examinar el tema de los TI: la intangibilidad de los TI respecto de la ley y su mayor jerarqu铆a cuando reconocen derechos fundamentales respecto de la ley.

4.3. Los reglamentos y las remisiones legales

La Constituci贸n prev茅 la posibilidad de que el Presidente de la Rep煤blica dict茅 reglamentos que permitan la ejecuci贸n de las leyes. De ah铆 la conocida denominaci贸n de reglamentos de ejecuci贸n, para diferenciarlos de los que se han llamado reglamentos aut贸nomos.

Ahora bien, en muchas ocasiones el legislador al momento de regular una determinada materia realiza remisiones al Presidente de la Rep煤blica para que por la v铆a reglamentaria complemente lo previsto en la ley. Lo cierto es que esta pr谩ctica es bastante com煤n en el derecho comparado y responde a la imposibilidad que tiene la ley de poder regular todas las materias de forma eficaz y oportuna. Frente a esto, el reglamento aparece como una norma m谩s flexible, detallada y dotada de mayor especialidad t茅cnica.

Si se examina la situaci贸n esta no debiera ofrecer mayor dificultad, en la medida que el legislador estar铆a reiterando la facultad que la Constituci贸n le atribuye al Presidente de la Rep煤blica. Sin embargo, la cuesti贸n se torna m谩s compleja cuando el legislador ampl铆a en exceso estas remisiones entregando al reglamento la regulaci贸n de aspectos no s贸lo complementarios sino tambi茅n sustantivos y, adem谩s, atribuye esta facultad a una autoridad diversa del Presidente de la Rep煤blica.

Respecto del primer punto, el TC sent贸 una jurisprudencia bastante clara al respecto en su Sentencia Rol 370/2003 se帽alando que 芦no puede la ley, por ende, reputarse tal en su forma y sustancia si el legislador ha cre铆do haber realizado su funci贸n con meros enunciados globales, plasmados en cl谩usulas abiertas, o a trav茅s de f贸rmulas que se remiten, en blanco, a la potestad reglamentaria, sea aduciendo o no que se trata de asuntos mutables, complejos o circunstanciales. Obrar as铆 implica, en realidad, ampliar el margen limitado que cabe reconocer a la discrecionalidad administrativa, con detrimento ostensible de la seguridad jur铆dica […] la potestad reglamentaria, en su especie o modalidad de ejecuci贸n de los preceptos legales […] puede ser convocada por el legislador, o ejercida por el Presidente de la Rep煤blica, nada m谩s que para reglar cuestiones de detalle, de relevancia secundaria o adjetiva, cercanas a situaciones casu铆sticas o cambiantes, respecto de todas las cuales la generalidad, abstracci贸n, car谩cter innovador y b谩sico de la ley impiden o vuelven dif铆cil regular. Tal intervenci贸n reglamentaria, por consiguiente, puede desenvolverse v谩lidamente s贸lo en funci贸n de las pormenorizaciones que la ejecuci贸n de la ley exige para ser llevada a la pr谩ctica禄. En tal sentido, el TC rechaza las remisiones abiertas o globales que abren las materias de reserva legal a la regulaci贸n reglamentaria.

En relaci贸n a la segunda cuesti贸n, se debe se帽alar que existe una multiplicidad de 贸rganos y servicios p煤blicos a los cuales se les atribuye por ley potestad reglamentaria, adoptando las m谩s diversas denominaciones (resoluciones, ordenanzas, circulares, etc.). Esto plantea un problema interesante desde la perspectiva constitucional, en la medida que la atribuci贸n de esta potestad viene a limitar las facultades normativas que la Constituci贸n atribuye al Presidente de la Rep煤blica, especialmente si se trata de 贸rganos que no est谩n sometidos a su jerarqu铆a, como ocurre con una infinidad de servicios descentralizados.

Por su parte, el TC ha llamado la atenci贸n sobre el punto, cuestionando la constitucionalidad de normas dictadas por 贸rganos administrativos inferiores al Presidente, en la medida que ejercen competencias que est谩n reservadas a este 煤ltimo.

Ante esta situaci贸n, se podr铆a distinguir entre aquellos 贸rganos que est谩n bajo la jerarqu铆a del Presidente de la Rep煤blica, respecto de aquellos que est谩n descentralizados o gozan de autonom铆a constitucional. En el primer caso, se puede tolerar la remisi贸n en la medida que el ejercicio de dicha potestad siempre estar谩 bajo el control y direcci贸n del Presidente. Por su parte, en el tercer caso, la existencia de autonom铆a constitucional bien puede legitimar el desapoderamiento de las facultades del Presidente de la Rep煤blica sobre la materia, como ocurre en el caso del Banco Central, la Contralor铆a y las Municipalidades. El segundo caso es el m谩s complejo y ha de reconocerse que es el que presenta mayores cuestionamientos de constitucionalidad.

Autor: Eduardo Cordero Quinzacara, Revista Ius etPraxis, 15 (2):11-49, 2009

Recursos

Notas y Referencias

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